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VARIOS

El cura Tuárez a juicio por ser el líder de una organización delictiva

fmrorayma | July 26, 2020

El expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), José Carlos Tuárez, ha sido llamado a juicio acusado como miembro principal de una presunta organización delictiva dedicada a ofertar cargos públicos a cambio de altas sumas de dinero comprendidas entre 5.000 a 500.000 dólares.

Además del cura Tuárez, 3 personas más son llamadas a juicio por su presunta participación en el delito de asociación ilícita para ofertar cargos en entidades públicas: Jorge Enríquez R. A., Silvia Leonor C. G. y Marco Eduardo C. S..

Durante la audiencia preparatoria de juicio, la Fiscalía expuso más de 45 elementos de convicción hasta ahora recopilados, entre estos, las escuchas telefónicas autorizadas por autoridad judicial, extracción de información de teléfonos celulares, seguimientos a procesados, documentación (facturas, estados de cuenta, letras de cambio, cheques…) relativa al hecho, pericias informáticas y de cotejamiento de voz, inspección ocular técnica, entre otras.

Durante su intervención la Fiscalía citó fechas de las reuniones realizadas por los integrantes de esta agrupación delictiva, en Quito y Guayaquil, y demostró que Tuárez era el encargado de ofertar cargos públicos en sus diferentes modalidades, para instituciones como el Ministerio de Salud, la Dirección Nacional de Aviación Civil, el Servicio Nacional de Aduanas y Petroecuador.

Según Fiscalía, Tuárez se reunía con la ya sentenciada Renata Jalkh, en donde acordaban los puestos a ofertar e indicaban los valores que deberían cancelarse por ellos, además de la adjudicación de contratos con instituciones públicas, para lo cual, presuntamente, solicitaban porcentajes de los montos de contratación.

Por este mismo caso, doce procesados se acogieron al procedimiento abreviado, entre ellos la hermana del expresidente del Consejo de la Judicatura Gustavo Jalkh, Renata Jalkh; y el exdirector de Procesos electorales del CNE, Luis Loyo, por lo que fueron sentenciados a un año de pena privativa de libertad, multas de cuatro salarios básicos unificados (1.600 dólares), impedimento para postularse a cargos de elección popular por diez años y la prohibición de contratar con empresas del Estado.

Written by fmrorayma

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